La vulneración del derecho al agua es una constante en nuestro país, que se acrecienta entre la población en situación de pobreza y se agrava aún más en los asentamientos populares, pues si bien es una obligación de los gobiernos brindar el acceso al agua, un trabajo en conjunto entre la autoridad y la población puede hacer la diferencia para estas familias que no tienen acceso al vital líquido.
