Anunciación.- Se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el primer encuentro Latinoamericano sobre Ciberseguridad: Delitos Cibernéticos e Informática Forense, en el que académicos y expertos coincidieron que es necesario fortalecer el marco jurídico respectivo, garantizar la seguridad de la información y la protección de los datos personales en línea, así como formar recursos humanos especializados y crear conciencia sobre la importancia de estos temas.
Rodolfo Romero Flores, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que las acciones delictivas en línea han crecido 18 por ciento en el mundo y 80 de cada 100 conductas asociadas a lacibercriminalidadse cometen en países en vías de desarrollo. En México, se calcula que la banca pierde cerca de 100 millones de dólares anuales por clonación de tarjetas.
Romero Flores subrayó que para erradicar estos actos se requiere cooperación transfronteriza, fortalecer estándares de seguridad informática, desarrollar políticas públicas para prevenir y reducir elcibercrimeny generar acciones de vinculación con universidades, entre otras medidas.
Julio Téllez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, mencionó que una de las prioridades de la administración federal es fortalecer la inteligencia del Estado para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas.Una de las líneas de esta estrategia es impulsar, mediante estudios, iniciativas de ley para robustecer el ciberespacio; laciberseguridady el combate a la cibercriminalidad son asuntos de interés nacional.
Óscar Lira Arteaga, de la Procuraduría General de la República (PGR), expuso que los trabajos de informática forense incluyen seguimientos a través de Internet, recuperación de información en equipos de telefonía celular, rastreo de páginas y ataques a vías de comunicación, entre otras tareas. Expuso que más del 95 por ciento de las empresas que detectan un problema no tienen políticas relativas adecuadas.
La investigación y persecución eficiente de los delitos informáticos requiere que peritos y autoridades compartan un lenguaje común, una metodología y equipo adecuados para la adquisición de posible evidencia digital y la formación de recursos humanos especializados, con la finalidad de emitir dictámenes periciales con sustento científico que constituyan una herramienta para imputar penas o liberar inocentes, señaló Lira Arteaga.
