Anunciación.- Durante el primer Congreso Nacional Sobre la Situación de Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados. “Mi Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria” se recibieron contribuciones de miembros de la sociedad civil, particulares y servidores públicos, a través de paneles y talleres, en los cuales debatió sobre la privación del derecho a la familia que padecen miles de niños institucionalizados en México, siendo el propósito de todos los participantes visibilizar la situación de los niños en las instituciones públicas y privadas.
Los resultados arrojados permitieron hacer evidente la falta de prevención en acciones que fortalezcan a la familia de origen y eviten la separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia de origen, así como la falta de alternativas para el cuidado alternativo de tipo familiar, esto es el acogimiento familiar. Se constata que la alternativa, prácticamente excluyente para los niños privados de cuidados parentales, es la institucionalización.
Por lo que buscan incidir en las políticas públicas, en las decisiones y en las actividades de todas las instancias del sector público y privado que se ocupan de la protección social y del bienestar de los niños, niñas y adolescentes privados total o parcialmente de cuidados parentales.
Y se comprometieron a trabajar por el cambio del modelo asistencialista que prevalece actualmente en nuestro país por un modelo que promueva la cultura de derechos humanos y el interés superior del niño, con énfasis en el derecho a la convivencia familiar y comunitaria (DCFC).
Propusieron apoyar los esfuerzos para que los niños, niñas y adolescentes permanezcan bajo el cuidado de su propia familia, o que se reintegren a ella; y si esto no es viable ni posible por atentar contra sus intereses, trabajar para encontrar otra solución apropiada y permanente, incluidas la adopción, el acogimiento familiar y aquellas prácticas de cuidado comunitario, padrinazgo, crianza compartida y otras, que en los países de América Latina forman parte de la identidad de nuestra región.
Además, demandan que se desarrolle una política nacional para el cumplimiento del derecho a la convivencia familiar y comunitaria y la promoción de la desinstitucionalización y que los estados se adhieran a estas políticas. Finalmente, exhortan a las instituciones de la sociedad civil, personas que conforman las instancias gubernamentales y a todas las personas involucradas en el tema de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo e institucionalizados, que de manera creativa, comprometida y responsable sigan conformando y fortaleciendo redes así como las estructuras estatales y de la nación, y que incorporen en sus agendas, de forma prioritaria; el tema del derecho a la convivencia familiar y comunitaria.