Anunciación.- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y especialistas advirtieron que la reforma energética contiene aspectos que ponen en riesgo a las áreas sin planes de manejo en el país, y atentan contra derechos humanos y sociales. La principal razón para ello, indican, es que las propuestas para las leyes secundarias de la reforma priorizan la obtención de beneficios económicos a partir de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica.
Dichas propuestas representan focos rojos en temas como el combate al cambio climático, la promoción de las energías renovables, la fracturación hidráulica (fracking), el derecho a la consulta y participación, así como los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano. Así lo señalaron en conferencia de prensa el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Carlos Tornel, analista de Políticas Públicas de CEMDA, dijo que “para evitar impactos sociales negativos, es preciso establecer un marco para diseñar una política socio-ambiental donde la explotación de energías renovables genere beneficios claros a los propietarios de la tierra y a las comunidades indígenas y campesinas involucradas; esto se lograría mediante esquemas transparentes de negociación, acuerdo y pago de contraprestaciones, y con la participación efectiva de las comunidades en la toma decisiones bajo el marco de derechos humanos.”
Agregó que “la relación agua-energía es muy estrecha pues todas las fuentes de energía -la electricidad entre ellas- utilizan agua en todas las fases de su proceso productivo, y el paquete energético tiene importantes consecuencias en el uso y aprovechamiento del agua.”
Las organizaciones y especialistas alertaron en particular sobre la consideración que la reforma energética hace que los hidrocarburos sean considerados de utilidad estratégica y prioritaria sobre cualquier otra actividad de aprovechamiento de la superficie o del subsuelo del país. Esto afectaría a todas las personas que también realizan actividades de aprovechamiento sobre una superficie (agricultores, ganaderos, comunidades y pueblos indígenas, y comunidades forestales). Las zonas como corredores biológicos, que permiten actividades de conservación y de aprovechamiento en función de la conectividad de ecosistemas quedan en riesgo bajo la reforma energética que privilegia la exploración y explotación de hidrocarburos.
“Priorizar los hidrocarburos y la energía eléctrica por encima de las demás actividades desconoce que proteger el ambiente, producir alimentos y conservar el agua también son de interés público; por ende, cualquier reglamentación en este sentido es peligrosa porque da carta blanca a esos rubros sin considerar sus posibles impactos a los derechos humanos y al ambiente”, afirmó Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA.
Una de las amenazas más graves es la que supone el artículo 7º de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ANSIPA), puesto que esta agencia tendría la facultad de autorizar en materia de impacto ambiental en los casos de “tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos; aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; así como obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, litorales o las zonas federales”.
Por su parte Tania Mijares García, directora de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE), describió que el sector energético es el principal emisor de Gases Efecto Invernadero (GEI) de México con el 69 por ciento del total y el país se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEI en 30 por ciento para el año 2020 y en un 50 por ciento para el año 2050.
Mijares García recalcó que “En México, hoy en día nos cuesta más crecer económicamente que hace 10 años. Si continuamos con este nivel de intensidad energética, la demanda total de energía podría aumentar más de un 50 por ciento, es necesario que el gobierno federal trabaje con los municipios para promover programas locales de eficiencia energética y que se convierta en un ejemplo al transformar todos sus edificios y flotillas en eficientes energéticamente.
“México tan sólo cuenta con una capacidad de generación de 4.2 por ciento de su energía (2012) por medio de fuentes renovables y que para cumplir con las metas de transición energética intermedias para el 2024, debe incrementar en 15.1 por ciento su capacidad de generación y en un 18.5 por ciento su capacidad instalada”, concluyó.
A pesar de ello, las propuestas de las leyes secundarias no han retomado de manera efectiva estas metas, por lo que, aprobar las leyes secundarias sin incluir una política climática y privilegiando la extracción de hidrocarburos del subsuelo, representaría un serio retroceso y desarmonización de los compromisos legales a nivel nacional e internacional. De producir los 60 mil GW/h que suman todas las tecnologías disponibles en México, el incremento del PIB sería de 346 mil 100 millones de pesos, se crearían 150 mil nuevos empleos y la recaudación fiscal sumaría los 23 mil millones de pesos.
Informes
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
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