Anunciación.- Se llevó a cabo el Foro “Derechos político electorales de las personas con discapacidad”, organizado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

Este evento se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, y al que asistieron representantes de personas con discapacidad.

Durante la inauguración del Foro, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Luis Fernando Mesta Soule (PAN), afirmó que es importante incorporar a todas las personas con discapacidad a los procesos electorales y dar respuesta ágil a sus necesidades.

Detalló que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 280, refiere que en ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales. Es una aseveración que resulta discriminatoria, indicó.

“Lo anterior es explícitamente contrario a las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual derivó en las recomendaciones 55 y 56 que el Comité de este organismo formuló para México”, precisó.

Las recomendaciones, señaló, hacen un llamado a garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad. Además, establece que todas las instalaciones, procedimientos y materiales electorales deben ser accesibles, tanto en zonas urbanas como rurales.

Subrayó que todas las áreas de gobierno están pendientes y trabajan por procurar el reconocimiento, “uno de los sectores más vulnerables del país que, por esfuerzos propios, ha obtenido inclusión”.

“Esta población reclama y exige igualdad de oportunidades, por lo que corresponde a todos los involucrados garantizar un mismo trato, a fin de hacer pleno el ejercicio de la democracia”.

Al respecto, el director de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Joaquín Alva Ruiz Cabañas, destacó que el artículo 35 constitucional establece que no existe ninguna restricción para que una persona con discapacidad ejerza su voto o pueda ser elegida.

Recomendó que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice un registro sobre esa población en las próximas elecciones de 2017 en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. “Debe haber una práctica previa para la elección fundamental de 2018. Se debe evaluar la participación de las personas con discapacidad”.

El director general adjunto de Armonización Legislativa y Asuntos Jurídicos, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), Francisco Mendiola del Rio, indicó que votar y ser votado es un pilar de cualquier democracia y, en el Siglo XX, ese derecho se vio limitado para las personas con discapacidad.

En México, explicó, se realizan diversas acciones para promover los derechos políticos de este sector. A partir del 2010, precisó, los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, ahora INE, establecieron el acuerdo nacional por los derechos políticos de estas personas, en el que se comprometieron a favorecer su inclusión en la vida política.

Por su parte, el director del Movimiento Nacional por la Inclusión y Democracia para las Personas con Discapacidad, Alejandro Gallardo López, consideró que persiste una exclusión hacia estas personas en la toma de decisiones, lo cual afecta directamente sus vidas. Las autoridades competentes, sostuvo, no han logrado erradicar las restricciones de facto que enfrentan al momento de votar o ser votados.

Afirmó que los avances y estrategias, sobre todo del INE, para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en cuanto al derecho al voto de las personas con discapacidad, “han sido francamente limitados y sólo toman algunas medidas para facilitar el acceso a las casillas”. Consideró que se requiere articular políticas efectivas que garanticen los derechos de estas personas, para cerrar la enorme brecha de desigualdad que aún existe. Pidió a diputados de todos los partidos, sumar voluntad política para generar la inclusión de esta población.