Anunciación.- El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), presentó el libro “Monitoreo de la Política Nacional para la Igualdad en los tres Poderes y Ordenes de Gobierno”, donde se cuenta del progreso y avances en la transversalización de la perspectiva de género, necesaria para garantizar la equidad en diversos ámbitos de la vida de las mujeres mexicanas.
En el libro se muestran los resultados de la investigación que tuvo como propósito evaluar los avances en la incorporación de la perspectiva de género en la normatividad interna del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial en las entidades federativas, del Congreso de la Unión y de los congresos locales de las entidades federativas, así como en las dependencias y entidades federales y estatales.
También se buscó identificar la existencia de centros o programas de estudios de género en las universidades de las 32 entidades federativas, así como la presencia de vínculos entre estos programas y las instancias de las mujeres y, finalmente, indagar si los Congresos locales de las 32 entidades federativas etiquetan presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres y si éste se plasma en algún ordenamiento.
Entre los principales resultados destaca que la evaluación de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) obtuvo como resultado un nivel de cumplimiento medio: en 28 estados se reportan avances parciales en materia de igualdad de género; sus acciones se enfocan principalmente en la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres.
El Poder Judicial estatal se coloca en un nivel de cumplimiento medio, 17 estados presentan rezagos significativos respecto del desarrollo de acciones a favor de la igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres, y en 15 estados se reportaron avances elementales, mientras que en el Poder Legislativo estatal tiene un desempeño bajo; existe desconocimiento de las acciones y se aprecia una disputa por aquellas que favorecen al partido titular de cada comisión más que por la defensa de temas que son importantes para la entidad federativa.
En el ámbito federal, el presupuesto etiquetado para género ha ido en aumento con los años, pero se registra en muchas dependencias e instancias un uso ineficiente y un escaso monitoreo del mismo.
Si bien las dependencias han recibido cada vez más recursos etiquetados para la igualdad por parte del Congreso, en muchos casos la capacidad para ejercerlos, especialmente en lo relativo a recursos humanos, está por debajo de los montos recibidos y se termina en el subejercicio o en el deterioro de la calidad de los productos.

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