Anunciación.-  Al finalizar el periodo vacacional y ante

el reinicio de las actividades escolares que se realizará este lunes 8 de abril, tanto las autoridades federales y locales, así como los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, deberán seguir los cauces institucionales para evitar a toda costa la suspensión de clases, el cierre de vialidades que lastiman los derechos de los ciudadanos y el daño a la economía de miles de pequeños comerciantes y prestadores de servicios, quienes han sido afectados por los actos de protesta realizados en días recientes, tanto en los estados de Oaxaca, Guerrero, como en la Ciudad de México.

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), realizó un llamado a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para evitar que estas acciones sigan poniendo en riesgo los derechos de los ciudadanos y afecten negativamente la economía de las grandes y pequeñas empresas y en lo que concierne a las manifestaciones que se realizan en la capital, sean reguladas por leyes y poner  fin al desorden y las afectaciones que se cometen en agravio de la ciudadanía.

La mejor defensa de la educación pública es la impartición de clases. Como parte de nuestra responsabilidad social debemos pedir que el actual calendario escolar, al que le restan tan solo 61 días efectivos de labores, se cumpla de manera cabal.Lo contrario, es permitir el daño en la formación académica de nuestros niños y jóvenes, quienes al no completar su instrucción quedan en desventaja ante los sectores escolarizados que si cumplen con el calendario y los programas de estudio establecidos, señaló Gerardo López Becerra, presidente de la Canacope.

También es importante considerar las afectaciones económicas. Tan sólo en la Ciudad de México, se estima que la marcha y plantón registrados el jueves 4 de abril, afectaron alrededor de 3 mil negocios del Centro Histórico, así como de las avenidas; Juárez, Reforma y Bucareli, con pérdidas aproximadas a los 24 millones de pesos, sin contar con la disminución de las ventas de las grandes empresas tanto fabricantes como proveedoras de productos y servicios que al no poder trabajar su jornada completa dejaron de tener utilidades que ya no se pueden recuperar.

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