Anunciación.- El caso del albergue conocido como “La Gran Familia”, es la historia de miles de niños y adolescentes que no eligieron tener un albergue como hogar y que debieron ser cuidados, atendidos y protegidos por una familia o, en su defecto, por el Estado.
De acuerdo al Programa Nacional de Asistencia Social 2014 – 2018, realizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2013), vivir en familia es un derecho fundamental de niños y adolescentes. A pesar de que es su derecho, existen diversos factores por los que estos menores son separados de su familia y entregados en tutela a instituciones públicas o privadas.
El caso mediático sirve para señalar una de las problemáticas más graves de la sociedad: la que comienza con el abandono de los niños, continúa con una larga permanencia en los albergues y termina con la dificultad para reincorporarse nuevamente a una familia y a la sociedad. “Vivir en familia es fundamental para los menores”, explicó María Antonieta González, directora de Yoliguani IAP, “porque les permite tener un desarrollo físico, emocional, social y moral más estable”.
Según datos proporcionados por el DIF Nacional, en 2012 existían 725 albergues, de los cuales 14.2 por ciento eran públicos y 85.8 por ciento privados.
La Subdirectora de adopciones de VIFAC, Maria del Carmen Viniegra, señaló que las complicaciones en los procesos de adopción inciden directamente en el tiempo que un menor permanece en estos lugares: “factores como la definición de su situación judicial, y el monitoreo y registro deficiente de los casos, impide saber en qué instituciones se encuentran alojados los menores y cuánto llevan ahí”.
De acuerdo con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), en el 2011 se reportaron 412 mil 456 niños sin cuidados parentales, que representan al 1.09 por ciento del total de la población conformada por menores en situación de calle, hijos de migrantes, huérfanos por desastres naturales o por violencia; de los cuales, 29 mil 310 se encuentran en instituciones o albergues.
Al respecto, Viniegra enfatizó: “es muy importante que como sociedad nos sensibilicemos ante el tema del abandono infantil y que consideremos que los niños y adolescentes que permanecen institucionalizados por largos periodos se ven afectados por un sentimiento profundo de soledad, incomprensión y rechazo; que muchos de ellos alcanzan la mayoría de edad en estas estancias -que deberían ser de paso- y esa situación impactará en su vida adulta, pues no sabrán cómo vivirla de manera autónoma, ante la carencia de redes y lazos afectivos que no pudieron construir, como ya se ha podido constatar en diversos estudios”.
En un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) se propone que de existir separación de los niños y adolescentes de su familia, se establezcan medidas de cuidado alternativo siempre y cuando estén justificadas, sean temporales y estén orientadas a la reintegración al medio familiar propio o alternativo, teniendo siempre como objetivo final el interés superior del menor al restituirle los vínculos que ha perdido.
“Es prioritario analizar cada caso para determinar si la reintegración del menor al núcleo familiar biológico es benéfico y que, de no ser así, se agilice el proceso de liberación y búsqueda de un hogar estable e idóneo a través del proceso de adopción”, concluyó Viniegra.
