OSC y Universidad ORT México abren espacio de discusión sobre la reforma al artículo 256 del Código Penal de la CDMX

Con el objetivo de abrir un espacio de información, reflexión y acción sobre las implicaciones de la Reforma al Artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México en el que se considera a los directivos y administradores de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos en la capital del país sean considerados servidores públicos y por ende puedan ser juzgados como tal, DI Asociados para el Sector Social SC y la Universidad ORT México IAP realizaron un panel para dialogar sobre dicho tema sin caer en controversias ni discusiones políticas.

Durante el evento estuvo presente Emilio Martínez López, representante de la Universidad ORT México, quien dirigió el análisis y detalló los lineamientos sobre los cuales trabajaría el panel. En ese sentido, Carlos Zarco catedrático de este recinto educativo dio un contexto social que abundó en la promoción y defensa de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

“Actualmente hay una serie de hechos que marcan una tendencia de estigmatización y debilitamiento del trabajo explícito de las OSC (…) Además, la miscelánea fiscal 2020 también afectó a las OSC, pero ahora también se suma esta reforma”, dijo Zarco.

Posteriormente, José Ángel Fernández Uría, vocero de la Notaría 217, aseveró que los cambios al artículo 256, que equipara a los administradores, administradoras, directores y directoras de asociaciones civiles a la categoría de servidores públicos, motivo por el cual se convirtieron en sujetos de responsabilidad penal por delitos como la corrupción, tiene errores importantes tanto en la redacción del mismo como en el ámbito constitucional.

“El artículo lo que tipifica es el delito de corrupción y este delito es mucho mayor que el beneficio económico que se pueda recibir. El artículo en sí no va dirigido a las OSC, sino a las asociaciones civiles y creo que hay muchos ámbitos de defensa incluso por la mala redacción”, comentó.

En tanto, Raúl García Moreno Elizondo, del Centro Mexicano para la Filantropía A.C.(CEMEFI) insistió en que la nueva redacción, pese a que originalmente pretendió evitar que las asociaciones civiles fueran partícipes en esquemas de fraude fiscal, amenaza el ejercicio legítimo de la libertad de asociación en México.

“La redacción es muy vaga y, desafortunadamente, cuando la norma es vaga o confusa el tema es cómo la va a interpretar la autoridad”, aseveró.

De igual forma, Eduardo Bautista, periodista y representante de Latinus, expresó que la intencionalidad es muy notoria, sobre todo con los medios de comunicación como canales de difusión.

“Una de las cosas que se violan es la libertad de expresión. En México sabemos que las fuentes oficiales no siempre son transparentes, por ello, para los periodistas es importante tener como fuente de información a las AC.

Aunado a ello, los ponentes hicieron un llamado a los y las periodistas a mantener una línea editorial neutra que no afecte a la Sociedad Civil.

“Una sociedad civil fuerte y organizada es fundamental para la construcción de la democracia y un canal legítimo para el derecho a participar en la vida pública”, finalizó Carlos Zarco, profesor de la Universidad ORT México IAP.

Universidad ORT México IAP. Página web: https://www.ort.edu.mx/ Facebook: @UniversidadORTmx Twitter: @UnivORTMx

DI Asociados para el Sector Social SC. Página web: https://www.desarrolloyprofesionalizacion.com/ Facebook: @desarrolloyprofesionalizacion