Más de 40 millones de mexicanos en emergencia laboral por COVID 19

La pandemia del Covid19 que afecta a México y gran parte del mundo, plantea una emergencia en el mercado laboral que coloca a más de 40 millones de mexicanos en una situación de emergencia laboral ante las acciones de mitigación y contención del virus y, sobre todo, ante medidas de ajuste económico que están adoptado empresas privadas y gobiernos.

La emergencia plantea la urgencia de adoptar medidas que protejan el empleo, el salario y el acceso a los servicios de salud de los mexicanos que aún antes de la crisis sanitaria ya laboraban sin condiciones de trabajo digno, según alertó Frente a la Pobreza.

La amenaza sanitaria se traduce también en un alto riesgo de incrementar la pobreza y la desigualdad ante medidas de ajuste económico que producen desempleo o reducen ingresos, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización ciudadana. El grupo más afectado en lo laboral serían 7.7 millones de personas sin empleo, en la peor situación.

Además, hay 12 millones de personas que trabajan por su cuenta y 21 millones que trabajan en micro y pequeñas empresas, por lo que les resulta muy difícil aislarse en sus domicilios ya que su supervivencia depende de sus bajos ingresos.

Además, debe considerarse que casi 27 millones de personas que trabajan no tienen acceso efectivo a los servicios de salud de la seguridad social. La mayoría de quienes trabajan por su cuenta (12.2 millones) y también porque aun teniendo un trabajo asalariado y subordinado se le viola la afiliación obligatoria a la seguridad social (15 millones).

A los que se suma los 7.7 millones que no tienen trabajo. Gran parte de las personas que trabajan en México viven al día. Entre quienes trabajan con salario y de manera subordinada, casi la mitad, 14.8 millones carecen de ingreso suficiente para mantener una familia. Y entre quienes trabajan por su cuenta, otros 6.1 millones tampoco ganan el equivalente al costo de dos canastas básicas.

Por otra parte, está el riesgo del despido sin liquidación. Quienes están subcontratados bajo modalidades de negocios ilegales como el llamado outsourcing o las diversas formas que se usan para no otorgar contratación estable, que son 18 millones de personas con trabajo asalariado (51%), y que por carecer de contrato escrito o permanente pueden ser despedidos sin liquidación alguna por parte de empresas que solo cuidan sus ganancias. Frente a la Pobreza hace un llamado al gobierno para adoptar las medidas urgentes que estén a su alcance para proteger el empleo y el ingreso laboral de los mexicanos que trabajan. También hace un llamado enfático a las empresas a tomar medidas alternas de ajuste económico y no pensar primero y únicamente en el recorte laboral.

En esta situación se deben respetar los derechos laborales y no agudizar la precarización del trabajo. La organización civil urge empezar a delinear qué medidas se requieren para que una vez superada esta situación -deseablemente en pocos meses- se puedan enfrentar los efectos y evitar que quienes viven con mayores carencias y vulnerabilidad asuman un costo mayor. Hay propuestas que cobran aún mayor vigencia:

– Recuperación gradual del salario mínimo, para que llegue a ser suficiente para una familia. El ajuste a mediados de año podría ser una medida razonable a considerar.

– Medidas de protección a la economía familiar, especialmente para zonas con mayor rezago social, incluyendo un plan de emergencia con transferencia temporal de ingresos a quienes pierdan su fuente de trabajo.

– Plan de integración del sistema de salud para garantizar la atención a todas las personas (universal) con calidad y equidad (asequible). Ante una crisis como la que vivimos esto resulta por demás evidente, debiera poderse aplicar al conjunto de los retos epidemiológicos y no solo al Covid19.

– Creación de un sistema de cuidados, tanto para niñas y niños, como para personas mayores, enfermas o con discapacidad, que posibilite la inclusión laboral de mujeres y la revaloración de las tareas de cuidado y del hogar

– Transparencia y medidas de evaluación del gasto público en lo social, especialmente para los programas sociales a fin de que se asignen sin discrecionalidad, sin sesgo político y para garantizar que logren los resultados esperados, ahora que se vuelven indispensables para la sobrevivencia de millones de hogares.

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