Anunciación.- Durante la Mesa “Apoyos del Estado a personas con discapacidad” Daniel Ponce Vázquez, encargado de despacho del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que la discapacidad es la segunda causa que registra mayor número de quejas a nivel nacional ante el Conapred, haciendo visible la urgencia de garantizar la integración y transversalidad de una agenda pública que contemple la identificación, atención, programas y proyectos que beneficien y garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación de este grupo de población.
En México debemos aspirar a que las personas con discapacidad sean ciudadanos autónomos con ingresos propios, considerados como una inversión más no como una cuota laboral, es decir, como sujetos plenos de derechos, consideró Ponce Vázquez señaló.
Guillermo Hernández Martínez representante de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex), dijo que ” aún existe una visión asistencialista hacia las personas con discapacidad. Es preciso redoblar los esfuerzos desde el estado, sociedad civil y población en general para transitar hacia un país de derechos”.
Ejemplificó que como muestra de esa visión es que aún prevalecen términos peyorativos en la legislación mexicana tales como minusválidos o discapacitados, lo que contraviene la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad.
Al respecto, el director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), Jesús Toledano, señaló que “a partir de que el Estado mexicano firmó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se empezaron a generar los primeros cambios en favor de este sector. El primero fue pasar del sector salud al del desarrollo social que implica que toda la Administración Pública Federal trabaje para construir una política de derechos humanos donde las personas con discapacidad estén incluidas en cada ámbito de la vida pública”.
Insistió en la necesidad de que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sea modificada para involucrar a los actores de decisión, gobernadores, presidentes municipales y titulares de dependencias “para que empujen la creación de programas y mayores recursos en favor de las personas con discapacidad” porque sólo Tlaxcala, Guanajuato y el Distrito Federal, cuentan con programas estatales en la materia.
