Anunciación.- Con 410 votos a favor, 3 abstenciones y cinco votos en contra, las y los legisladores avalaron las reformas a la disposición en materia de igualdad y no discriminación, que es reglamentaria del párrafo quinto del artículo primero constitucional para su envío a la cámara de origen, a fin de que el Senado de la República lo apruebe para su posterior entrada en vigor.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) celebró que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), con la cual se armoniza esta ley a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por México, se dota de más y mejores facultades a este Consejo, entre ellas: la capacidad de imponer medidas de restitución y reparación del daño a particulares que comentan actos discriminatorios, así como la de establecer acciones afirmativas a favor de grupos en situación de discriminación y mejor seguimiento de políticas públicas y reformas legislativas que garanticen la igualdad.

El referido dictamen, que fue presentado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, promovió la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de esta ley, entre los puntos que contempla: una mejora para que se actué en contra de la discriminación, así como de las facultades para que se coordine a las instituciones públicas en su trabajo en esta materia y crear mejores mecanismos para evitar que la persona o institución que discrimine lo haga sin consecuencias.

El Consejo tendrá la facultad para imponer medidas administrativas y de reparación a servidoras o servidores públicos, y de manera novedosa a particulares para los casos en que se compruebe la comisión de conductas discriminatorias. Estas medidas son, entre otras, el reestablecimiento del derecho, compensación por el daño ocasionado, amonestación pública, disculpa pública o privada y, garantía de no repetición del acto discriminatorio.

Con esta nueva legislación México cumple con una recomendación hecha a nuestro país en 2012 por el Comité de la Convención para Eliminación para la Discriminación Racial de Naciones Unidas.

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