Anunciación.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), aplaude la liberación de los integrantes de la Tribu Yaqui, Fernando Jiménez y Mario Luna, quienes estaban en la cárcel desde septiembre de 2014, después de haber sido acusados por el gobierno del Sonora, de privación ilegal de la libertad y robo, delitos que no cometieron.
Además se hizo un llamado al nuevo gobierno del estado de Sonora, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría de Gobernación, a tomar medidas inmediatas para suspender la construcción del Acueducto Independencia, el cual sigue en funcionamiento fuera del marco legal, ya que extrae agua del río Yaqui para ser llevado a la ciudad de Hermosillo.
Desde el 8 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó dejar sin efecto invalidar la Autorización de Impacto Ambiental que la Semarnat había otorgado para la construcción y operación del Acueducto Independencia y repusiera el procedimiento llevando a cabo un proceso de consulta, previo, libre e informado a la Tribu Yaqui, conforme señala la legislación vigente en México, así como cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual debe seguirse en caso de la construcción de proyectos que puedan afectar la propiedad, derechos y recursos naturales de las comunidades indígenas nacionales.
En la sentencia emitida por la SCJN, se determinó que en caso de existir un daño irreparable a los derechos de la Tribu, la construcción del Acueducto Independencia tendría que suspenderse. Para determinar si había algún daño a los derechos de la Tribu el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) elaboró un peritaje el pasado 17 de febrero del 2015, en el cual confirmó que “el Acueducto ocasiona efectos y daños irreparables a la población, en la vida social, en la vida económica y en el aspecto cultural y ambiental. Por lo tanto debe ser cancelado de inmediato en su operación”.
“La liberación de Fernando Jiménez y Mario Luna, ocurridas el 27 de agosto y el 23 de septiembre respectivamente, confirma que no se encontraron elementos probatorios de los delitos que ambos líderes Yaquis fueron acusados. El CEMDA considera que no deben seguir anteponiéndose argumentos políticos e intereses económicos por encima de la Ley y de la justicia. Reiteramos nuestro llamado a que se ponga fin a este conflicto, salvaguardando el agua del río Yaqui, recurso fundamental para la sobrevivencia de la Tribu Yaqui y garantizando con ello los derechos humanos de esta comunidad al acceso a óagua y a un medio ambiente sano”, comento Andrea Cerami, coordinador de Derechos Humanos del CEMDA.
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“Las liberaciones de Mario y Fernando es un triunfo de la justicia y la legalidad. Nos hace recuperar la esperanza en las instituciones del Estado. Es muy grave que, como ocurrió durante el gobierno de Guillermo Padrés, los casos de defensores ambientales se politicen y sean las propias autoridades del gobierno estatal quienes los criminalicen por defender sus derechos humanos” concluyó Cerami.
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