Anunciación.- El Centro Mexicano De Derecho Ambiental (CEMDA)publicó un comunicado, en el que menciona que Comunidades mayas apicultoras, laAsociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(Indignación); y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE) denunciaron el pasado 25 de julio de 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transgénica por MONSANTO en los estados de Campeche y Yucatán, México, está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las comunidades mayas.
Para CEMDA, el modo de vida y la salud de las comunidades afectadas, está en riesgo debido a la tala inmoderada y al uso en la siembra de sustancias toxicas, que contaminan el agua y el suelo.
El comunicado menciona que, por estas razones las OSC, solicitan a la CIDH que otorgue medidas cautelares para que el gobierno federal mexicano implemente acciones para proteger los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche y Yucatán.
El representante de las comunidades mayas, Leydy Pech, comentó para CEMDA que la siembra de la soya transgénica en el territorio maya atenta contra los derechos y cultura de la herencia cultural y generacional de la zona “la implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra nuestros derechos y cultura, que son la herencia ancestral de nuestros abuelos. Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos (v.gr. aguadas, lagunas y suches). Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestra comunidades”.
Para María José Veramendi, abogada de AIDA, el gobierno mexicano tiene la obligación de ver por las comunidades originarias y su binestar, “El Estado mexicano tenía la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica. Al no hacerlo, incumplió su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente están expuestas a dicho herbicida a través de la siembra y la contaminación de sus fuentes de agua”.
CEMDA menciona en el comunicado que las zonas más afectadas son los municipios de Hopelchén, en el estado de Campeche, y de Mérida, Tekax y Teabo, en el estado de Yucatán, aun cuando de acurdo con datos de Centro, el permiso de soya afecta a comunidades y municipios de siete estados de la República, “las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio. Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades.”
Las OSC además de la solicitud de medidas cautelares, se interpuso una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia. Este hecho fue realizado por que a pesar de las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado mexicano no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados.
Para concluir el comunicado, el representante legal de CEMDA, Francisco Xavier Martínez Esponda, comentó que a pesar de una sentencia a favor de la Suprema Corte, no se resolvió sobre las violaciones a los derechos humanos, “que si bien las comunidades mayas obtuvieron una sentencia favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte en noviembre del año pasado, lo cierto es que ese fallo no resolvió sobre todos los derechos humanos violados, así como que en el proceso consulta que están llevando a cabo las autoridades no se están respetado las formas tradicionales de adopción de decisiones ni se está cumpliendo el estándar interamericano para ese derecho fundamental. En resumidas cuentas, como el Estado no pudo determinar todas las violaciones a los derechos de las comunidades mayas ni ordenar su reparación, es que ahora hemos tomado el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Fuente: CEMDA
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