Anunciación.- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)celebró la incorporación de la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, así como la implementación de políticas que promuevan su inclusión en el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de México.
En el comunicado que emitió el ACNUR, su representante Mark Manly, explicó que la CDMX ha sido un espacio solidario, “México como país, y la Ciudad de México como su capital han sido tradicionalmente espacios solidarios para las personas que fueron forzadas a huir de sus países a causa de las guerras, de la persecución y de la violencia”.
Manly además comentó que en un contexto global los refugiados enfrentan grandes dificultades, “en un contexto global donde los refugiados enfrentan cada vez más dificultades para encontrar protección, el reconocimiento de sus derechos por parte de las autoridades y de los habitantes de la Ciudad de México es un claro ejemplo de la contribución que gobiernos y ciudadanos pueden hacer para encontrar soluciones a la situación de los refugiados”.
De acuerdo con los datos del ACNUR en los últimos años se ha incrementado el número de personas que buscan protección como refugiados en México, “en 2016, 8,781 personas solicitaron la condición de refugiado, lo que representa un incremento de 1067% en comparación con el número de solicitudes recibidas en 2011.”
“También en 2016, 91.6% de las solicitudes recibidas en México fueron presentadas por personas del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), quienes se ven obligadas a huir de la violencia y persecución. Cada vez más las familias refugiadas que huyen de estos países manifiestan ver a México como un país de destino y no como un país de tránsito, lo que requiere asegurar que existan las condiciones adecuadas para recibir a esta población.”
El ACNUR, a través de un comunicado de prensa, ofreció su apoyo al Gobierno de la Ciudad e México, ya que tiene la experiencia del trato de las personas refugiadas, “ ACNUR ofrece su apoyo al Gobierno de la Ciudad de México, al poder legislativo y judicial, así como a las organizaciones de la sociedad civil para traducir el espíritu de la Constitución de la Ciudad de México en programas y acciones que faciliten los procesos de integración de las personas refugiadas en la capital del país.”
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