Anunciación.- En este 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que  entre 110 y 190 millones de personas con algún tipo de discapacidad tienen dificultades para acceder a servicios de salud, educación y empleo.
La OMS recuerda que la proporción de personas con discapacidad está aumentando por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. Generalmente, los países de ingresos bajos tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los países de ingresos altos, siendo más común entre las mujeres, las personas mayores y los niños y adultos que son de bajos recursos.
Como denuncia de este organismo de Naciones Unidas, es que las personas con discapacidades no suelen recibir la atención sanitaria que necesitan.
De acuerdo con la formación de la OMS, las personas con discapacidades son dos veces más propensas a considerar insatisfactorios los servicios de salud que se les dispensa, cuatro veces más propensas a reportar malos tratos y casi tres veces más propensas a que se les niegue la atención de salud.
En el caso de la educación también hay desigualdades con respecto a quienes no sufren ninguna discapacidad, ya que los niños tienen menos probabilidades de ser escolarizados.
En lo que respecta a su inserción en el mercado laboral, la OMS denuncia que este colectivo tiene más probabilidades de estar desempleado que las personas no discapacitadas.

En los países de la OCDE, la tasa de empleo para las personas con discapacidad es 44 por ciento, mientras que la correspondiente a las personas sin discapacidad fue de 75 por ciento.
Ante esta situación, la OMS insiste en la necesidad de promover el acceso a los servicios generales; invertir en programas específicos para las personas con discapacidad; adoptar una estrategia y plan de acción nacionales; mejorar la educación, formación y contratación del personal; proporcionar una financiación adecuada; aumentar la conciencia pública y la comprensión de las discapacidades; fortalecer la investigación y la recopilación de datos; y garantizar la participación de las personas con discapacidades en la aplicación de políticas y programas.