Anunciación.-  En el marco del Día

internacional de los niños inocentes victimas del a agresión, se mencionó que en México cada día mueren 2 niños por maltrato, siendo su propia  casa donde se presentan  los mayores casos de violencia, en tanto 1 de cada 10 son llevados ante un Ministerio Público.

De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en la República Mexicana se vive un clima generalizado de violencia, los niños están desprotegidos e indefensos ante maltratos físicos, mentales y emocionales. El Estado tiene la obligación de instrumentar políticas educativas que promuevan la convivencia, fomenten la construcción de la libertad y modifiquen patrones culturales, a partir de la cohesión familiar y social.
Silvia Solís San Vicente, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM señaló que “las instituciones dedicadas a la atención de víctimas están obligadas a tener programas especializados para los menores, a fin de que se les considere sujetos de derechos. Las estrategias gubernamentales deben tomar en cuenta que, además de las agresiones de tipo familiar, están sometidos a la violencia social, política y económica”.
Por ello, es indispensable establecer mecanismos de comunicación social para reforzar valores e inhibir los contenidos violentos en la programación infantil; fomentar el autocuidado, la convivencia al aire libre y las actividades físicas y extra escolares; apoyar la construcción de bibliotecas comunitarias, casas de cultura, y rescatar jardines y parques para incentivar la cohesión social, recomendó.
Afirmó que “todo comienza en casa, donde los adultos deben promover relaciones basadas en la tolerancia, respeto, cooperación, afecto y el consenso”.
Solís San Vicente explicó que los programas de atención a menores constituyen una parte fundamental del diseño de estrategias, campañas, medidas e iniciativas encaminadas a garantizar la cohesión social en el país.
Los valores de respeto, comunicación, corresponsabilidad y madurez deben considerarse prioritarios para ese fin, así como una política educativa que los promueva. El Estado debe garantizar la paz social y crear mecanismos de coordinación interinstitucional, a nivel nacional e internacional, para enfrentar las amenazas de las redes de trata y el tráfico de órganos, y los riesgos que la migración implica para este segmento.

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