Anunciación.- El pasado 23 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó de manera formal al Estado mexicano información sobre las medidas cautelares solicitadas por la Tribu Yaqui para salvaguardar su supervivencia cultural que se encuentra en riesgo por la operación del Acueducto Independencia y la inejecución de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 8 de mayo de 2013.
En dicha solicitud, la CIDH otorga siete días al Estado mexicano para que informe sobre la construcción y operación del Acueducto Independencia, las medidas adoptadas para ejecutar la sentencia de la SCJN en el Amparo en Revisión 631/2012, así como las medidas adoptadas para garantizar la salud y alimentación de los integrantes de la Tribu Yaqui.
“Esta es una nueva oportunidad para que el Estado mexicano cumpla la sentencia de la SCJN y actúe dentro del marco del Estado de derecho, dando prioridad y garantizando los derechos humanos, el principio pro persona y cumpliendo con la legislación ambiental; todo lo cual se debe traducir en la suspensión del Acueducto Independencia“, señaló Mario Luna, vocero y secretario tradicional de la Tribu Yaqui.
La solicitud de la CIDH se dio en el marco de la caravana de la Tribu Yaqui, que el próximo 8 de agosto llegará a la Ciudad de México proveniente del estado de Sonora, a fin de sostener una serie de reuniones con las autoridades federales a quienes se volverá a demandar el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte y la suspensión del Acueducto Independencia.
Cabe recordar que el Máximo Tribunal de la Nación ordenó dejar sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había otorgado para la construcción y operación del Acueducto y repusiera el procedimiento llevando a cabo un proceso de consulta, previo, libre e informado a la Tribu Yaqui, conforme señala la legislación vigente en México, el cual debe llevarse a cabo en el caso de la construcción de proyectos que puedan afectar la propiedad, derechos y recursos naturales de las comunidades indígenas.
Se recuerda que el Acueducto Independencia fue licitado, construido y está en operación sin haber respetado cinco suspensiones cautelares emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que obligaban al Estado mexicano a interrumpir la obra. Dos de esas suspensiones están actualmente vigentes. Asimismo, mientras el Acueducto opera sin autorización de impacto ambiental, todos los demás megaproyectos del país son clausurados en caso de no contar con esa autorización.
“A pesar de todos los recursos legales que hemos ganado, el Acueducto continúa operando de forma irregular, ocasionando un daño irreversible a nuestro pueblo pues están extrayendo el agua que requerimos para nuestra sobrevivencia”, añadió Mario Luna. Además de ello -dijo- “el gobierno de Sonora está alentando el encono hacia la Tribu Yaqui, a través de una campaña de desinformación, en donde se difunden mensajes falsos, engañosos y de mala fe, cuyo objetivo es crear un ánimo hostil de los pobladores de Hermosillo hacia nuestro pueblo”.
