Anunciación.- Organizaciones de la sociedad civil presentan un informe de la situación actual de las protestas ciudadanas en espacios públicos. El informe tiene como nombre “Control del espacio público 3.0” sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno.
Las organizaciones que están detrás del informe son: Artículo 19; Centro de Derechos humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), AC; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios Causa; Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Propuesta Cívica, AC; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
El informe dentro de su presentación menciona que la protesta social se ha encontrado dentro del derecho de libertad de expresión desde sus inicios, el gobierno debería de impulsar una gestión pública eficaz que se haga cargo de la conflictividad que presentan las expresiones sociales en espacios públicos y que responda efectivamente para atenderlas y resolverlas. Sin embargo la realidad es otra, ya que el gobierno no garantiza los derechos humanos y fomenta la discriminación.
La evidencia compilada por las organizaciones que presentan el informe, muestra una tendencia preocupante hacia el impedimento y represión de la protesta social por parte del gobierno, marcado por el rechazo a las expresiones sociales de denuncia y exigencia que la población organiza, teniendo como resultado el impulso de disposiciones normativas que buscan regularlas, la imposición de medidas restrictivas y sanciones al ejercicio ciudadano de derechos, así como la criminalización de los participantes
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“La aprobación de las denominadas “leyes anti-protesta” es un reflejo del desconocimiento y de la profunda negación de la realidad y del contexto social de nuestro país” (Informe, p 8).
Se pide que la sociedad, ciudadanía y gobernantes que busquen algún mecanismo que afirme y reconozca estas expresiones como parte del ejercicio de derecho y libertades fundamentales. Y que la impunidad, corrupción, violencia, despojos de bienes comunes, tortura, desaparición forzada, por mencionar algunos temas, sean regulados y procesados adecuadamente.
Actualmente el gobierno federal mantiene una posición reacia que niega la gravedad de las circunstancias por las que atraviesa México y concentra sus esfuerzos en el control, regulación y represión de cualquier tipo de expresión crítica y de descontento social. “Las necesidades e intereses confrontados entre la ciudadanía y el Estado configuran un terreno inestable que fácilmente podría escalar hacia escenarios cada vez más peligrosos y violentos” (informe. p 11).
El informe menciona casos específicos de violencia hacia la sociedad civil, por parte de las autoridades locales; actos de represión y criminalización de la protesta social que tuvieron lugar durante el 2014 y lo que va del 2015. A pesar de la intervención de la CNDH e instancias que observan los derechos humanos, de firma de tratado internacionales, prevalece un contexto de violencia y retroceso para el ejercicio de libertades y derechos clave para la vida democrática.
Se han generado restricciones e la protesta desde la vía legislativa, las restricciones directas son aquellas que explícitamente limitan la libertad de expresión y la protesta y las indirectas no limitan en apariencia estos derechos pero provocan un efecto inhibidos que no permite que las personas puedan ejercer dichos derechos plenamente. Es por eso es común ver propuestas legislativas que pretenden regular el uso del espacio público a partir de medias de restricción a la manifestación, cuando es en vías principales, horarios, permisos, etc. Además suelen imponerse sanciones administrativas, civiles o incluso penales frente al implemento de medidas desproporcionadas, que propician la burocratización del ejercicio de estos derechos.
“En los últimos dos años han llegado al Poder Legislativo varias iniciativas – algunas ya han sido aprobadas-, que muestran la voluntad de restringir las libertades de expresión y reunión, y la protesta social en México” (informe, p 26).
En el rubro de regulaciones directas el informe en numera las iniciativas federales; locales; leyes que restringen la libertad de expresión y protesta social en México, que se han llevado a cabo en México, en relación con estos temas.
En las regulaciones indirectas en numera las acciones que se han llevado a cabo para “acabar” con las protestas como: geolocalización y retención de datos; suspensión del servicio de telefonía; regulación del espacio público. Un punto muy importante que aborda el informe es el “uso del derecho penal como criminalización de la protesta social” en los que se incluyen la criminalización institucional, mediática y social.
Además incluye las limitaciones o violaciones que se realizaron durante las protestas sociales del 2012 al 2015. Tiene un apartado sobre recursos jurídicos como amparos anti-protesta y la responsabilidad del Poder Judicial de la Federación con Sede en el DF, en el que ilumina sobre los amparos que se han efectuado, las suspensiones, sobreseimientos, y los argumentos de las autoridades responsables de la ley (ALDF y jefe de gobiernos del DF); con sede en los Estados de Puebla y Quintana Roo.
“Los argumentos vertidos en el juicio constitucional se dirigen a privilegiar una noción del orden público e interés social restrictivos e incompatibles con una sociedad democrática. Llama especial atención la respuesta dada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) al señalar que las restricciones impuestas están tuteladas constitucionalmente y que el ejercicio ilimitado del derecho de asociación, reunión y manifestación “puede ser potencialmente violatorio de los derechos de los demás”.” (Informe, p. 57).
Este tipo de documentos abren la conciencia de las personas hacia lo que está pasando en México, de manera que se impulse a la sociedad para que se active ante los actos impunidad, corrupción y abusos que el gobierno federal ejerce.
Informes:
Resonar
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https://resonar.org.mx/
Informe completo:
https://resonar.org.mx/informecep.pdf
