Anunciación.-Por tercer año consecutivo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (CEMDA), presentó su “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, destacando que durante 2016 continuaron las agresiones en contra de las personas que defienden el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna en nuestro país, registrándose 63 ataques en diversas modalidades.
El Informe muestra que en México continúa siendo un país riesgoso para quienes realizan labores de defensa de estos derechos, incluyendo otros derechos relacionados como son el derecho a la salud, a la vivienda, a la información y participación.
Las entidades donde se registraron el mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4 casos; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso.
Es importante precisar que un ataque a personas defensoras de derechos humanos ambientales puede contemplar la comisión de diversas agresiones. Sonora, el Estado de México y Oaxaca se mantienen como las tres entidades con mayor número de casos de ataques a personas defensoras de los derechos ambientales, en comparación con los informes anteriores.
Las afectaciones más reclamadas por los defensores -sobre todo contra pueblos indígenas y campesinos- están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, así como del agua, elementos sin los cuales la propia subsistencia de las comunidades se ve amenazada. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas (24%), seguidas de la intimidación con un 19%, la criminalización en un 18% y las agresiones físicas se presentaron en un 15%. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11%, la difamación con 6%, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en un 2% cada uno. Únicamente se registró un caso de homicidio, el cual ocurrió en el estado de Chihuahua, vinculado con tala clandestina.
Alejandra Leyva, experta en derechos humanos del CEMDA, apuntó que “el Estado mexicano debe de realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales, y evitar a toda costa que puedan ser las propias autoridades, en los tres niveles de gobierno, quienes cometen o tienen participación en las agresiones”.
De acuerdo con la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se entiende por defensores de los derechos humanos ambientales a aquellas personas y grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Esta labor se realiza de manera individual o colectiva como es el caso de las comunidades campesinas y/o indígenas.
Recientemente, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación “por el inquietante número de asesinatos y casos de violencia que, sin lugar a dudas, subestima la verdadera magnitud de las amenazas y los riesgos que enfrentan los defensores de los derechos humanos ambientales.” Señaló que la situación se agrava a medida que aumenta la demanda mundial de recursos naturales.
Informes
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
0155 5286-3323
