Libre Acceso AC. 31 años luchando por el derecho a la accesibilidad

24 noviembre, 2020
Eduardo Pérez Albores y Mariano Ramírez León

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) en 2018, en México residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8% del total de población con discapacidad. De este grupo representan el 19.6 millones son hombres y 18.9 millones mujeres. 

Existen asociaciones que buscan la eliminación de las barreras físicas, sociales y culturales que impiden el pleno desarrollo de equidad de las personas con discapacidades físicas y psicosociales, como Libre Acceso AC. lo hace.

Desde hace 31 años de actividad la organización busca facilitar la movilidad de las personas con alguna discapacidad.

En entrevista con Laura Bermejo, presidenta del consejo directivo de Libre Acceso AC. explicó los conceptos necesarios para hablar entorno al espectro social de la discapacidad y de la labor que hace la asociación.

Bermejo aseguró que cuando se habla de personas con alguna discapacidad es importante resaltar la importancia y relevancia de la accesibilidad, no solo el sistema médico y sistema académico.

Cabe mencionar que las y los periodistas han tenido una manera natural de dirigirse a las personas con discapacidad, pero muy pocas veces se lleva a cabo en el sentido adecuado, es decir: “¿Cómo nos referimos a las personas con discapacidad?”

“Primero acreditamos que son personas y después que viven con una condición de discapacidad. Por ello, el término que debemos utilizar para referirnos a ellas y ellos es personas con discapacidad. 

Cuando nos dirigimos a ellos como minusválidos o discapacitados, no se dice por ofender, si nosotros nos referimos a alguna causa en especifico se le etiqueta socialmente, le resta valor e intervenimos en el tema que estamos mencionando”.

La presidenta de Libre Acceso mencionó los cinco tipos de discapacidad que se reconocen a nivel internacional:

*Discapacidad física motriz.

*Discapacidad mental.

*Discapacidad psicosocial.

*Discapacidad sensorial.

*Discapacidad intelectual.

Durante estos 31 años, Libre Acceso colabora de dos formas: 

Mediante solicitud de parte

“Si una persona con discapacidad nos busca y nos dice que quiere hacer un diagnóstico de accesibilidad, debido a que se accidento necesita adaptar su casa para su movilidad. Se hace el análisis de sus instalaciones”.

  

Instancia de queja o denuncia de particulares o persona

“Si una persona va al centro comercial, llega de manera autónoma, intenta acceder a un local y se encuentra con una escalera que le imposibilita comprar de un objeto que se venda ahí.

El personal le dice que la va a cargar, quienes no tienen la capacidad, la concientización y capacitación de hacerlo, porque esto ni siquiera es lo adecuado. Pondrían en situación de riesgo a la persona con discapacidad e inclusive el empleado podría caerse y causar un accidente laboral.

La persona al escuchar esta propuesta no la acepta, explica la situación y pide ayuda a la comisión legal de Libre Acceso; la asesoran para acercarla a una instancia como SEMOBI, presentamos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nacional, local o estatal, CONAPRED o el COPRED una queja porque el establecimiento no es accesible para que la persona pueda entrar como los demás.  A través de un proceso ante la instancia correspondiente por medio del derecho a la accesibilidad y violación o de una conducta discriminatoria, es cómo podemos hacer el cambio”.

De acuerdo a la normativa de rampas para minusválidos estipula que, en los accesos de los edificios, la anchura libre mínima de paso tiene que ser de 1.20 metros y la longitud máxima de 9 metros. Las rampas deben ser instaladas en lugares peatonales con una anchura mínima de 1.80 metros y la longitud máxima de 10 metros.

“Hoy, con la pandemia del covid-19 como contexto, las personas con discapacidad siguen saliendo a trabajar. El porcentaje de inclusión es menor, respecto a las cifras de CONAPRED, las personas con discapacidad fueron las primeras personas en despedir sin los derechos laborales a los cuales deberían estar garantizados. En México no hay una red de apoyo a las personas con discapacidad”, concluyó Laura Bermejo.

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